Por qué la Ley Trans será buena para la infancia

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Tribuna publicada en El Plural el 22 de octubre de 2022.

Para la mayoría de las personas trans, el reconocimiento de su identidad es una necesidad básica. Un reconocimiento que, idealmente, empezaría en casa. Como demuestra la evidencia científica, los niños trans que tienen el apoyo de sus familias disfrutan de una mejor salud mental. Aunque quizá tampoco haga falta rebuscar entre textos académicos: a quien lea estas líneas no le sorprenderá saber que una infancia cuidada y respetada es una infancia más feliz y sana.

Lógicamente, no basta con eso. Como cualquier otro niño, los menores trans se desarrollan en muchos ámbitos más allá de sus hogares: estudian en la escuela o el instituto, acuden al centro de salud, participan en actividades extraescolares, utilizan el transporte público… En todas esas áreas, es necesario que el Estado garantice ese reconocimiento, esencial para su bienestar y desarrollo. Las matrículas escolares, la tarjeta sanitaria, los bonos de transporte, el carné de la biblioteca… son solo algunos de los muchos documentos de uso cotidiano en los que una persona ve reflejada su identidad, incluyendo su nombre y, con frecuencia, su género. Para una persona trans, es vital que estos documentos contengan la información correcta.

Pensemos, por ejemplo, en el ámbito educativo. Si la matrícula, la lista de asistencia, el carné estudiantil … no respetan la identidad de una persona trans, ¿por qué iban a hacerlo sus compañeros de clase? ¿O sus profesores? Si una niña trans no se ve apoyada, aceptada y, en definitiva, reconocida en la escuela, ¿cómo va a querer ir?

A lo largo de la última década, la mayoría de comunidades autónomas han adoptado leyes que buscan reconocer la identidad de las personas trans menores en muchos ámbitos de su vida. A menudo, han contado con un amplio respaldo político, incluyendo al PP en ocasiones, y siempre han sido apoyadas por el PSOE y el resto de partidos de izquierda. Sin embargo, como toda ley autonómica, tienen sus límites. De entrada, solo rigen en las autonomías que las han aprobado, lo que deja desprotegidas a quienes viven en comunidades como Castilla y León, hoy gobernada por PP y Vox. Además, tampoco pueden servir para rectificar documentos que son competencia del Estado y que resultan esenciales para cualquier persona, como el DNI, la tarjeta de residencia o el pasaporte.

El actual proyecto de Ley trans incorpora una versión más restrictiva y con más requisitos de la propuesta de 2017 

A nivel estatal, la actual ley de 2007 -una conquista social que debemos a la infatigable lucha de activistas como Carla Antonelli– se ha quedado desfasada. De un lado, impone requisitos abusivos que obligan a las personas trans a ser diagnosticadas como enfermas y a someterse a un tratamiento hormonal que no siempre quieren ni necesitan. Del otro, prohíbe modificar sus documentos oficiales a menores de edad, un límite que el Tribunal Constitucional rechazó en 2019 y que va contra las recomendaciones de organismos internacionales.

Para resolver estos problemas, el PSOE propuso en 2017 una reforma que permitiría el cambio de sexo registral a toda persona mayor de 16 años sin más requisitos que su voluntad, además de a las personas menores de esa edad si actuaban a través de sus representantes legales. Esta propuesta llegó a cosechar un amplio apoyo en el Congreso, pero decayó cuando se convocaron elecciones generales. Posteriormente, la propuesta del PSOE sería casi copiada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en una versión inicial del proyecto de Ley trans. Aunque, tras las discusiones inesperadas que suscitó en el seno de la coalición, el actual proyecto de Ley trans incorpora una versión más restrictiva y con más requisitos de la propuesta de 2017, sigue permitiendo a los menores trans la rectificación de la información relativa a su sexo en el Registro Civil.

Y es que de eso va la Ley trans, de garantizar que los documentos oficiales reflejen adecuadamente la identidad de las personas trans. En definitiva, que reflejen la realidad sin obligar a nadie a pasar por un tratamiento médico que no quiera ni necesite. Nada más, pero nada menos. Urge que nuestros representantes políticos lo recuerden y aprueben sin más dilación la Ley trans. La felicidad y el bienestar de nuestra infancia trans depende de ello.

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He/Él. Consultor en Derechos Humanos. Doctor en Derecho por las Universidades de Málaga (España) y Milán (Italia). Ex-becario de doctrina del Tribunal Constitucional de España (opiniones personales) y, ahora, consultor en el equipo de investigación de ILGA World. Ha trabajado en proyectos de ONGs y de instituciones como el Ministerio de Igualdad español o el Consejo de Europa.

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