Qué implica que Rusia declare extremista al movimiento LGTBI+

Un activista LGBTI+ de Rusia muestra un cartel en el que se lee "El amor es más fuerte que la homofobia" desde el interior de un furgón de la policía antidisturbios rusa durante una concentración no autorizad en el centro de Moscú, el 25 de mayo de 2013.

Desde diciembre de 2023, el colectivo LGTBI+ de Rusia se ha topado con un nuevo y temible punto de inflexión: ha sido declarado como «organización extremista», una figura pensada para luchar contra el terrorismo. Respondemos a tus preguntas sobre las consecuencias legales que puede tener para las personas queer de Rusia.

¿Qué es una «organización extremista» en Rusia?

El 30 de noviembre de 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró al «movimiento internacional LGBT» como una «organización extremista«. Lo hizo a petición del Ministerio de Justicia ruso, que considera que las actividades del «movimiento LGBT» incitan al «odio social y religioso». Para entender de qué hablamos cuando hablamos de «extremismo» en la legislación rusa, es necesario acudir a la Ley Federal 114/FZ, de lucha contra las actividades extremistas.

Desde su aprobación en 2002, esta ley ,cuyo fin original era la lucha contra la insurgencia y el terrorismo del Norte del Cáucaso, ha sido utilizada para reprimir toda disidencia. Así, grupos como las fundaciones del opositor Alexey Navalny o los Testigos de Jehová han sido declarados «organizaciones extremistas». En consecuencia, cientos de sus miembros han sido arrestados, juzgados y/o encarcelados, como es el caso del propio Navalny.

En su artículo 1, la Ley Federal de lucha contra las actividades extremistas define qué puede entenderse por una actividad y una organización extremistas. Este precepto, que ha sido aplicado el Tribunal Supremo al determinar que el movimiento LGBT es extremista, incluye la incitación al odio social y religioso como un motivo para esta declaración:

Actividad extremista (extremismo):

1) Actividad de asociaciones sociales o religiosas, o cualquier otra organización, que, bien a través de los medios de comunicación o de individuos, planee, prepare o ejecute acciones dirigidas a:

  • (…) incitar al odio social, racial, nacionalista o religioso (…)

Organización extremista: una organización social o religiosa, o de otro tipo, respecto de la cual un tribunal haya dictado una resolución de liquidación o prohibición de sus actividades por cometer actividades extremistas.

Ley Federal núm. 114/FZ de lucha contra las actividades extremistas (2002), Art. 1 (traducción al español propia).

¿Qué consecuencias legales tiene ser una «organización extremista» en Rusia?

Cuando un grupo es oficialmente declarado como «organización extremista» por los tribunales, queda prohibido, por lo que debe disolverse y parar sus actividades, según los artículos 7, 9 y 10 de la Ley 114/FZ . Además, en su artículo 3 se establece que las autoridades rusas deberán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, descubrir y suprimir las «actividades extremistas». Estas medidas incluyen prohibir tanto las asociaciones cuyo fin sea participar en actividades extremistas (art. 9) como la distribución de lo que califican como «material extremista» (arts. 11 o 13), además de imponer sanciones penales y administrativas a toda persona que realice las denominadas “actividades extremistas” (art. 15).

En cuanto a la responsabilidad penal, el Código Penal ruso tipifica diversos delitos relacionados con las actividades y organizaciones extremistas. El artículo 282.1 castiga con penas de seis a diez años de prisión a quienes creen o lideren una “organización extremista”, mientras que el 282.2 impone una pena de dos a seis años de prisión a quienes participen en una.

Incitar, reclutar o implicar a alguien en las actividades de una organización extremista se castiga con prisión de cuatro a ocho años (artículo 282.1.1). Financiar una organización extremista, con penas de tres a ocho años (artículo 282.3), mientras que para la propaganda y exhibición pública de los símbolos de una «organización extremista» se prevén hasta cuatro años de prisión (artículo 282.4). Todas estas acciones también pueden castigarse con otras privaciones de libertad, multas o varios años de trabajos forzados.

Además, las personas que cometan «actividades extremistas» o formen parte de grupos calificados como «organizaciones extremistas» podrían ser privadas del derecho a presentarse a elecciones o incluidas en la lista negra de Rosfinmonitoring (la autoridad rusa contra la financiación de actividades ilegales). Según la Ley Federal 115/FZ de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los fondos de las personas incluidas en esa lista podrían ser congelados, limitándose incluso el gasto que pueden hacer al mes para mantener a su familia a 10.000 rublos por pariente (unos 100 euros).

¿Puede ser declarado extremista el «movimiento LGTBI» de Rusia si no es un grupo real?

Como hemos visto, la legislación rusa anti-extremismo requiere que una organización sea declarada «extremista» por un tribunal para poder restringir sus actividades y castigar a sus «líderes» y «participantes». Esto podría hacernos pensar que declarar a extremista a una organización inexistente, como es el «movimiento internacional LGTB», sería un brindis al sol, un nuevo gesto hostil del gobierno ruso (otro más). Nada más lejos de la realidad.

Moscú, 31 de mayo de 2014. Un hombre intenta quitar una bandera arcoíris a dos activistas LGTBI+ de Rusia mientras un policía les detiene durante una protesta en apoyo a Conchita Wurst tras su victoria en Eurovision. DMITRY SEREBRYAKOV/AFP via Getty Images.
Moscú, 31 de mayo de 2014. Un hombre intenta quitar una bandera arcoíris a dos activistas LGTBI+ de Rusia mientras un policía les detiene durante una protesta en apoyo a Conchita Wurst tras su victoria en Eurovision. DMITRY SEREBRYAKOV/AFP via Getty Images.

Al no ser el «movimiento internacional LGTB» una organización real, no está claro quién puede ser considerado participante o líder del mismo en Rusia. Sin embargo, esto no quiere decir que la legislación anti-extremismo sea imposible de aplicar. Este excelente análisis publicado en el medio opositor Meduza da algunas claves. En los últimos años, el Tribunal Supremo ruso ha calificado de extremistas a otros grupos inexistentes, como a una supuesta organización a favor de los tiroteos en las escuelas que se llamaría «Movimiento Juvenil Internacional Columbine» o a una subcultura criminal (AUE, las siglas en ruso de algo así como «La vida en prisión es solidaria»). La inexistencia de este grupo no habría impedido que las autoridades tomaran medidas. Por ejemplo, deteniendo e internando en un psiquiátrico a una niña por acceder a redes sociales sobre tiroteos escolares o aplicando el 282 del Código Penal a presos juveniles por hacer «propaganda de la ideología extremista AUE».

Por tanto, la decisión del Tribunal Supremo puede suponer que cualquier persona que hable en favor de las personas LGTBI+ de Rusia sea considerada extremista. Con todas las consecuencias que esa declaración implica. Además, según advierten a Meduza varios juristas, esta legislación podrá ser utilizada contra cualquier persona queer aunque no esté involucrada en el activismo. Tampoco puede infravalorarse su impacto en los servicios que los grupos y asociaciones LGTBI+ proporcionan a la comunidad queer rusa, como apoyo psicológico, refugio, pruebas de ITS o medicación para el VIH. Aunque todavía es pronto para determinar con claridad el alcance de esta decisión, una cosa es evidente: la clandestinidad, la invisibilidad y la persecución aumentarán enormemente para un colectivo que ya sufre la hostilidad de las autoridades.

¿Qué leyes existen en Rusia contra las personas LGTBI+?

Aunque la declaración de «extremista» es un salto cualitativo importante en la persecución a las personas LGTBI+ de Rusia, no es, ni de lejos, la primera. Al revés: esta decisión del Tribunal Supremo llega tras una década de leyes y prácticas cada vez más represoras de toda disidencia sexual o de género y en un contexto de autoritarismo creciente tras la invasión de Ucrania. Varios periodistas y analistas corrieron a decir que, hasta ahora, el ordenamiento rusa «solo» atacaba a quienes se dedican al activismo. La realidad es que la legislación anti-queer rusa lleva ya años extendiendo sus tentáculos mucho más allá del activismo.

Según la base de datos de ILGA World, en 2013 la Duma rusa aprobó la Ley 135-FZ, que modificó la Ley de protección de los niños contra información perjudicial. Siguiendo leyes anteriores de algunas repúblicas de la Federación, esta ley incluyó entre los contenidos potencialmente dañinos para la infancia las «relaciones sexuales no tradicionales». Desde entonces, cientos de activistas, artistas, medios de comunicación o simples particulares han sufrido las consecuencias de la legislación «anti propaganda LGBT» de Rusia.

Más allá de su implementación concreta, la legislación tiene otros efectos adicionales. Uno de los resultados más importantes que generó es el crecimiento del fanatismo y la consecuente violencia contra las poblaciones queer en Rusia. Desde que la ley está vigente, Rusia es un lugar menos seguro para las expresiones queer. De esta manera, la ley hace retroceder al país en el progreso hacia una ciudadanía sexual más inclusiva.

Alexander Kondakov, La normativa de censura en Rusia: la ley de “propaganda”, publicado en ILGA World, Homofobia de Estado (2019)

A finales de 2022, la Duma endureció esta normativa con las Leyes 478 y 479, que extienden la censura a toda la «propaganda de relaciones y/o preferencias sexuales no tradicionales o de cambio de sexo» o que «niegue los valores familiares». Oficialmente, las autoridades rusas consideran «propaganda» cualquier expresión remotamente positiva sobre las personas queer. En la práctica, no obstante, la mera existencia en el espacio público ya acarrea posibles sanciones. Sobre todo, para las personas migrantes LGTBI+ de Rusia.

Valga como ejemplo esta investigación del medio opositor Mediazona, que reveló cómo la policía rusa se hace pasar por clientes para tender trampas a mujeres trans trabajadoras sexuales, invocando la legislación «anti propaganda» para arrestarlas y, si fueran extranjeras, deportarlas. O lo que les ocurrió Haoyang Xu y Gela Gogishvili, una pareja de dos jóvenes que fueron arrestados y, en el caso de Haoyang, deportado en virtud de la legislación «anti propaganda». Gelu, por su parte, se vio obligado a huir del país con la ayuda de una ONG.

Haoyang Xu y Gela Gogishvili fueron arrestados por compartir su vida en pareja en redes sociales, lo que las autoridades consideran una vulneración de la legislación anti propaganda LGTBI de Rusia. Tras el arresto, Haoyang fue deportado y Gela huyó del país. Actualmente, ambos viven en Francia. Créditos: Gela Gogishvili & Haoyang Xu
Haoyang Xu y Gela Gogishvili fueron arrestados por compartir su vida en pareja en redes sociales, lo que las autoridades consideran una vulneración de la legislación anti propaganda. Tras el arresto, Haoyang fue deportado y Gela huyó del país. Actualmente, ambos viven en Francia. Créditos: Gela Gogishvili & Haoyang Xu

Junto a la muy dañina normativa anti propaganda (que inspiraría a gobiernos como el húngaro), otras leyes contribuyeron a crear un contexto particularmente opresivo contra las personas LGTBI+ de Rusiaantes incluso dela decisión del Tribunal Supremo de diciembre de 2023. Es el caso de la normativa anti injerencias externas, que ha permitido calificar a cientos de ONGs, activistas y medios como «agentes extranjeros» para restringir gravemente sus actividades. O la prohibición absoluta de modificar el género legal de las personas trans y de los tratamientos afirmativos del género (a la vez que se promueven oficialmente las cirugías innecesarias a bebés intersex), aprobada como ley en julio de 2023.

Si te ha parecido interesante este artículo, compártelo en tus redes sociales y síguenos en @queeridico 🫶🏼

¿Quieres leer más artículos sobre la legislación rusa anti-LGTBI o sobre alguna otra cuestión? Dínoslo un comentario más abajo o escríbenos a contacto@queeridico.es

Gracias a Álvaro García (@alvarogarhdez) por su trabajo de edición.

Curro Peña Díaz
Sígueme

He/Él. Consultor en Derechos Humanos. Doctor en Derecho por las Universidades de Málaga (España) y Milán (Italia). Ex-becario de doctrina del Tribunal Constitucional de España (opiniones personales) y, ahora, consultor en el equipo de investigación de ILGA World. Ha trabajado en proyectos de ONGs y de instituciones como el Ministerio de Igualdad español o el Consejo de Europa.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.