Curro Peña Díaz
Durante los primeros meses de 2023, Uganda ha acaparado titulares en la prensa de todo el mundo tras aprobar una Ley Anti-Homosexualidad. Esta terrible norma contempla, incluso, la pena de muerte para algunos casos de “homosexualidad agravada”. Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación?
Colonialismo y criminalización de la diversidad sexual
Como en tantas otras ex-colonias británicas, la criminalización de la diversidad sexual en Uganda hunde sus raíces en el Código Penal Indio de 1860. Este texto, elaborado por encargo del parlamento británico y sin ninguna consideración por las tradiciones jurídicas, sociales o culturales indias, comenzó a ser aplicable en Uganda en 1902. Y, como hijo de la época victoriana, prohibía en su artículo 377 las “relaciones contra natura”:
El que voluntariamente mantenga relaciones carnales contra natura con cualquier hombre, mujer o animal, será castigado con [cadena perpetua], o con una pena de prisión de uno u otro tipo que podrá alcanzar los diez años, y también podrá ser multado.
Sección 377, Código Penal Indio de 1860 (traducción propia)
Este precepto sobrevivió al fin del protectorado británico sobre Uganda y permaneció en el Código Penal posterior a la descolonización. Durante las primeras décadas de independencia, la homofobia no era una prioridad de las autoridades ugandesas. Sin embargo, el inicio de la pandemia de sida motivó un giro en esta actitud.
Inspirados por los discursos homófobos y estigmatizantes que venían de Estados Unidos, en 1990 decidieron reformar el Código Penal ugandés para castigar los “actos contra natura” con la pena perpetua. Una vez más, la estigmatización de las personas con VIH y la criminalización de las personas LGTBI van de la mano.
Toda persona que
(a) mantenga relaciones carnales con una persona contra natura;
(b) mantenga relaciones carnales con un animal; o
(c) permita que un varón tenga relaciones carnales con él o ella contra natura, comete un delito y puede ser condenado a cadena perpetua.
Art. 145, Código Penal Ugandés de 1950 en su redacción actual (traducción propia).
Aunque, al parecer, nadie habría sido condenado en virtud del artículo 145 (por lo difícil de demostrar que se han cometido los actos contra natura), este precepto es muy usado por la policía para aterrorizar y chantajear a la población LGTBI+. Así, ILGA World ha recopilado en su informe “Nuestras identidades bajo arresto” los casos de cientos de personas que han sido arrestadas, detenidas, sometidas a exámenes anales y maltratadas por las fuerzas de seguridad por vulnerar esta y otras normas. Unas estimaciones que muy probablemente sean solo la punta del iceberg. Además, la prensa y la clase política ugandesas colaboran en la represión a las personas LGTBI, llegando a publicar listas de homosexuales para a animar a la ciudadanía a que les agrediera. Es en este contexto opresivo, violento y asfixiante en el que surgen las “Leyes Anti-Homosexualidad”.
La contribución del fundamentalismo cristiano estadounidense
Cuando la primera década de los 2000 se acercaba a su fin, las dificultades para aplicar el artículo 145 comenzaron a frustrar a la clase política ugandesa. En 2009, miles de personas participaron en el «Seminario para denunciar la agenda homosexual«, organizado por un grupo ultraconservador ugandés en la capital, Kampala. Según el New York Times, entre los participantes se encontraban tres fundamentalistas cristianos estadounidenses: Scott Lively, autor de títulos tan elocuentes como «La esvástica rosa» o «Cómo evitar que recluten a tu hijo en siete pasos» (los gays, no el ejército, claro); Caleb Lee Brundidge, autoproclamado ex-gay; y Don Schmierer, de la organización pro-terapias de conversión Exodus International.
Su presencia se explica por la creciente influencia de organizaciones fundamentalistas cristianas de EEUU en África, que ven en las congregaciones cristianas de este continente un importante aliado en la defensa de su agenda ultra. Kapya Kaoma, un pastor progresista de Zambia, explica dos factores que facilitaron esta estrategia. De un lado, estos grupos donan enormes sumas a las iglesias africanas de forma totalmente opaca, incentivando que prefieran sus subvenciones a las de otras iglesias de ideales menos extremos que exigen mayor transparencia. Del otro, cuenta Kaoma, «la mayoría de los líderes religiosos y políticos conservadores africanos consideran la homosexualidad una exportación occidental y una forma de imperialismo y neocolonialismo«. Una idea que estos grupos fundamentalistas explotan sin ningún pudor, además de -como de costumbre- acusar a los homosexuales de pedofilia y de querer «convertir» a los niños de África.
En palabras de Kaoma:
Irónicamente, aunque los conservadores estadounidenses acusan continuamente a los progresistas de ser imperialistas, son sus relaciones con África las que son extremadamente imperialistas. Su flujo de subvenciones crea una suerte de clientelismo con la expectativa de que los receptores sigan su línea ideológica.
Kapya Kaoma, The U.S. Christian Right and the Attack on Gays in Africa, The Public Eye Magazine (2010) (traducción propia)
Esta influencia occidental no cayó en saco roto. Durante la conferencia homófoba de 2009, Scott Lively se reunió con parlamentarios ugandeses, ansiosos por lo que percibían como un peligro social de primer orden: el progresivo aumento de la tolerancia con las personas LGTBI+ (o kuchu) y de la visibilidad del activismo en Uganda. La clase política ugandesa temía que la financiación desde Occidente a estas organizaciones provocara cambios en la sociedad ugandesa que pusieran en riesgo la soberanía nacional. Si os suena esta narrativa según la cual las personas LGTBI+ son una amenaza externa para la soberanía, es porque opera también en países europeos como Hungría o Polonia. Según le académique SM Rodriguez:
Existe la idea de que los donantes occidentales disponen de recursos ilimitados para los temas que ellos valoran; así, temas como la homosexualidad recibirían más financiación que la pobreza o el hambre, lo que genera resentimiento entre la mayoría. También se imagina a los mismos donantes como responsables de dar protagonismo a ese activismo, organizando ruedas de prensa y apariciones en los medios de comunicación.
SM Rodriguez, Homophobic Nationalism: The Development of Sodomy Legislation in Uganda, Comparative Sociology (2017) (traducción propia)
De la interacción entre ese «pánico gay» en la clase política ugandesa y los discursos fundamentalistas que venían de Estados Unidos nació el Proyecto de ley Anti-Homosexualidad de 2009. Presentado apenas un mes después del «Seminario para denunciar la agenda homosexual», esta propuesta sería conocida comúnmente por un nombre todavía más elocuente: «Kill the gays». Por primera vez en la historia reciente ugandesa, se proponía abiertamente imponer la pena de muerte en casos de «homosexualidad agravada». Además, castigaba la «promoción de la homosexualidad», un concepto que poco después perfeccionaría la Rusia de Putin con sus «leyes anti-propaganda de relaciones sexuales no tradicionales». Aunque la reacción escandalizada de los países occidentales (cuyas donaciones son vitales para la economía ugandesa) consiguió que la pena capital desaparecería del proyecto, supuso un hito sin el cual no puede entenderse la ley Anti-homosexualidad de Uganda de 2023.
Por supuesto, los fundamentalistas cristianos de Estados Unidos se desvincularon por completo de esta propuesta. Eso sí, no sin antes pasar años acusando a los homosexuales de pervertir a los niños ugandeses. Valga como ejemplo Lively, quien se reunió con parlamentarios ugandeses semanas antes de que se propusiera la ley en 2009 pero, tras presentarse la propuesta, dijo que compartía el objetivo pero que la ley era «demasiado dura».
La Ley Anti-homosexualidad de 2023
Una vez sustituda la pena de muerte por la pena perpetua, el proyecto de 2009 consiguió ser aprobado por el parlamento ugandés en 2013, siendo firmado por el presidente Museveni en 2014. Si bien la ley fue tumbada meses después por el Tribunal Constitucional gracias a un error formal, el daño ya estaba hecho al fomentar que la violencia contra las personas LGTBI+ se recrudeciera. Valga como triste ejemplo el asesinato de David Kato, probablemente el activista más conocido del país, poco después de ser señalado por una revista ugandesa en una lista de 100 «homosexuales» bajo el título «¡Colgadles, van a por nuestros hijos!«.
Tras otro intento fallido en 2019, el 26 de mayo de 2023 el parlamento ugandés consiguió que el presidente Museveni firmara la Ley Anti-Homosexualidad. Esta ley, hija del proyecto de 2014, ha venido precedida de meses de una retórica cada vez más hostil a las personas LGTBI por parte de las autoridades, así como de una intensa campaña gubernamental contra las organizaciones de la sociedad civil.
La mecha que habría detonado esta explosión criminalizadora en Uganda no está clara. Hacia finales de 2022, la Unión Europea y la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS) celebraron una cumbre parlamentaria en Maputo, Mozambique. Durante una ponencia, Thomas Tayebwa, vice-portavoz del Parlamento de Uganda, afirmó que su país había descubierto que un acuerdo suscrito en 2021 entre la UE y la OACPS contenía “cláusulas ocultas sobre sexualidad, propaganda LGBT, homosexualidad y aborto”.
Aunque ese acuerdo no menciona en ningún momento a las personas LGTBI, sí hace varias referencias a los “derechos de salud sexual y reproductiva”. Una fórmula que habría sido interpretada (o tergiversada) en Uganda como “el derecho al aborto, la homosexualidad y la inclusión de transgéneros”. En este sentido, debe destacarse que ya durante la negociación de este gigantesco acuerdo la protección de las personas LGTBI se convirtió en un asunto extremadamente sensible y controvertido entre las partes (incluso entre los propios Estados miembros de la UE).
En este contexto ya caldeado, en enero de 2023 la prensa ugandesa comenzó a hablar de una supuesta ordenanza sobre servicios de prevención del VIH que habría aprobado el distrito de Kasese y que calificaba a homosexuales y personas trans como “grupos marginalizados”. Esta ordenanza, cuya existencia no he podido confirmar, despertó una enorme polémica en la prensa del país, y motivó que se abriera de un debate parlamentario sobre los “peligros” de la homosexualidad para la infancia.
Ahora bien, estos hechos recientes no deberían distraernos. Si bien es posible que, ya conjuntamente, ya por separado, impulsaran la aprobación de la Ley Anti-Homosexualidad de 2023 en Uganda, esta norma no puede entenderse sin la influencia occidental. La criminalización durante la época colonial británica y la influencia de Estados Unidos (tanto de sus primeras políticas de respuesta al VIH como de sus grupos fundamentalistas cristianos) son dos elementos indisociables de cualquier explicación de por qué Uganda ha logrado imponer la pena de muerte para castigar la homosexualidad en 2023.
Una vez conocido el contexto de la Ley Anti-Homosexualidad de 2023 de Uganda, queda en el aire una pregunta que resolveremos en un próximo artículo: ¿cómo castiga esta ley a las personas LGTBI+?
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Foto de portada: ISAAC KASAMANI/AFP via Getty Images
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