Curro Peña Díaz
Un argumento recurrente entre quienes se oponen a que se garantice la autodeterminación del género se refiere a los problemas que este principio habría generado en Reino Unido. Más allá de discutir que unos hechos anecdóticos no pueden ser considerados un problema estructural, en este artículo negamos la mayor: Reino Unido no reconoce la libre determinación del género.
Como mencioné en el artículo sobre la autodeterminación de género, hoy día ya hay varios Estados en el mundo que reconocen este principio. Estos países han adaptado sus legislaciones para despatologizar el reconocimiento legal de la identidad de las personas trans. Sin embargo, no hice referencia a Reino Unido, un país que aparece con frecuencia en el argumentario de quienes se oponen a este principio.
El Reino Unido y los derechos humanos de las personas trans: el caso Christine Goodwin
Durante los años 90, el Reino Unido fue denunciado en varias ocasiones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la imposibilidad de las personas trans de modificar sus partidas de nacimiento. Un documento necesario en multitud de trámites, como solicitar una pensión, contraer matrimonio o establecer la paternidad al inscribir a un hijo. La inadecuación de ese documento a la identidad de las personas trans les colocaba en una posición extremadamente complicada.
Aunque el Tribunal había negado siempre que esta situación vulnerara los derechos humanos de las personas trans, en 2002 cambió de opinión ante el caso de la señora Goodwin. Al acercarse a los 60 años -edad mínima de jubilación para las mujeres británicas en ese momento- Christine Goodwin solicitó una pensión de jubilación. La autoridad competente se la denegó, argumentando que podría jubilarse a los 65 -la edad para los hombres-. ¿La razón? Todos los datos que la seguridad social británica tenía sobre la señora Goodwin derivaban de su certificado de nacimiento, donde figuraba como hombre.
Aunque el caso de la señora Goodwin no era muy diferente a las denuncias anteriores, el Tribunal de Estrasburgo decidió condenar al Reino Unido. Para el TEDH, la diferencia entre la realidad y el certificado de nacimiento coloca a las personas trans en una posición anómala que les genera ansiedad, humillación y vulnerabilidad. Una posición injustificada, pues incluso en el caso de que la modificación del certificado produjera algún problema:
«es razonable esperar de la sociedad que tolere ciertas inconveniencias para permitir a los individuos vivir dignamente de acuerdo con la identidad sexual que han asumido a un alto coste personal»
Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 28957/95, ECHR 2002-VI,
§91
¿La legislación actual en el Reino Unido permite la autodeterminación de género?
Una consecuencia directa del asunto Christine Goodwin fue la aprobación en el 2004 de la Ley de Reconocimiento del Género («GRA», por sus siglas en inglés). Se trata de una ley bastante amplia y que ha sufrido muchas modificaciones. No obstante, en lo que nos interesa sigue igual: los requisitos que prevé son patologizantes.
De entrada, el artículo 2 GRA exige que la persona solicitante demuestre tener disforia de género, haber vivido dos años en la identidad de género que declara y tener la intención de vivir así hasta su muerte. Además, el artículo 3 GRA (titulado «Pruebas») detalla que debe acreditarse mediante dos informes médicos que diagnostiquen la disforia de género. Estos informes no serán necesarios en caso de que la persona se haya sometido a un tratamiento para modificar sus características sexuales (como una cirugía).
Por tanto, la respuesta es no. La legislación del Reino Unido no permite la libre autodeterminación del género. Al igual que la normativa española, prevé requisitos basados en considerar las identidades trans como una enfermedad. La autodeterminación de género busca precisamente eliminar esos criterios patologizantes.
Conclusión
No tengo claro por qué existe esta obsesión con la legislación británica. Sospecho que tiene que ver con que la máxima exponente de la oposición a la autodeterminación de género proceda de ese país. Lo que sí tengo claro es que hay razones más que de sobra para desmontar este bulo. Una mentira peligrosa, pues está siendo utilizada contra las leyes que permitirán garantizar mejor los derechos humanos de las personas trans en nuestro país. Esta estrategia está funcionando en Reino Unido, donde se han abandonado los planes para reformar la GRA. Conocer la realidad es fundamental para evitar que funcione también en España.
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